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Acuerdo social para su aprobación en las Cortes
La renta de ciudadanía podría alcanzar los 685 euros
Redacción / Martes 29 de diciembre de 2009
 

Comenzó como mandato estatutario, se convirtió en compromiso personal de Juan Vicente Herrera y ahora, después de meses de retraso en su aprobación, Castilla y León ya cuenta con su Renta Básica de Ciudadanía, «la última red de protección» con la que contarán los ciudadanos que pierdan su prestación por desempleo o no puedan hacer frente a sus necesidades más básicas.

El Diálogo Social -”Junta de Castilla y León, UGT, CC.OO. y Cecale-” rubricó ayer el acuerdo por el que se crea esta nueva prestación social; sin embargo, aún habrá que esperar unos meses a que las Cortes aprueben definitivamente la Ley y el dinero llegue, por fin, a quienes lo necesitan.

La cantidad mínima fijada será de 421 euros, aunque ese montante irá creciendo paulatinamente según el número de miembros que tenga la unidad familiar; de esta forma, el máximo al que llegará la renta será de 685,41 euros el mes.

Los beneficiarios serán aquellas personas, de entre 25 y 64 años, que «se encuentren en situación de exclusión social» para cubrir «sus necesidades básicas de subsistencia». Pero quienes acudan a esta ayuda deberán comprometerse a llevar a cabo una búsqueda activa de empleo y de superación de su situación de necesidad. Se busca así terminar con el acomodo de quienes recurren a los subsidios de las administraciones para suplir el salario de un empleo.

Para el presidente de la Junta, el acuerdo alcanzado es poco menos que histórico. Juan Vicente Herrera asegura que sitúa a la comunidad a la cabeza del país en medidas de este tipo. «Es un instrumento necesario de solidaridad y justicia social imprescindible en la situación económica actual», aseguró el presidente.

Herrera quiso resaltar el trabajo de los implicados para sacar adelante la Ley que, sin embargo, llega con varios meses de retraso respecto al calendario anunciado por el propio presidente; una demora que los presentes excusaron por tratarse de un tema fundamental para la sociedad y en el que había que conjugar los deseos políticos, sindicales y empresariales de la mesa de negociación. «Es un broche extraordinario para un año especialmente duro por la crisis», concluyó Herrera.


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