Salamanca,  Castilla    

Manifiesto de la Cumbre Social de Castilla y León denuncia la pobreza de la región

Miércoles 23 de abril de 2014.

La Cumbre Social de Castilla y León, que conforman 46 organizaciones de la Comunidad, insistirá este año en que «no va a permitir que se siga desmantelando el Estado Social». Así lo recoge en el Manifiesto reivindicativo elaborado con motivo del Día de Castilla y León, que se celebrará mañana en Villalar de los Comuneros (Valladolid), bajo el título ‘Por una verdadera recuperación del empleo, los derechos sociales y del estado del bienestar’.

En ese manifiesto se denuncia que «a pesar de los cantos de sirena» que anuncian una recuperación, la realidad social y laboral de la Comunidad denota que «la crisis sigue golpeando cada vez con más virulencia al conjunto de la ciudadanía». Así, hace referencia a los 250.800 parados, donde casi la mitad no cobra prestación alguna. Datos «aplastantes», según señaló Ángela Curiel de la Asociación de Autónomos Dependientes.

Elecciones europeas. La festividad de Villalar de este año está marcada por las elecciones europeas, del próximo 25 de mayo, momento propicio para exigir a los gobiernos de España y de Castilla y León «un cambio de rumbo en las políticas europeas y nacionales». «No se puede seguir así», apostillan, para volver a denunciar el «severo retroceso» y el «desmantelamiento» del Estado del Bienestar.

Además, sostienen que la Comunidad ha de progresar hacia una mayor estabilidad y calidad en el empleo, hacia la seguridad y hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. «Es fundamental asegurar unas condiciones de trabajo dignas y salarios justos y garantizarse el derecho a la negociación colectiva para todos los trabajadores», subrayan.

Al mismo tiempo, consideran que la lucha contra la despoblación debe ser un objetivo «común e irrenunciable» en una comunidad «tan extensa» como esta. Por eso, consideran que las políticas para «fijar, integrar, aumentar y atraer población» deben estar coordinadas con las políticas de ordenación del territorio. «Es imprescindible que el desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio garantice la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales en el medio rural con más recursos», concluyen.


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